“No
maten a mi mamá, no maten a mi papá!!!” eran gritos desgarradores que niños menores a 10 años que lanzaban
al aire para que 7 delincuentes no acribillen a sus progenitores; “Violento
asalto en un country de Campana: golpearon a un médico y a sus tres hijos” reza el título de un diario del 8 de agosto, de hoy, “Asaltan y secuestran a un juez y
a su hijo” dice un tercer título en el mismo diario y el mismo día.
En
materia de seguridad, la Argentina tiene una fuerte deuda con la sociedad, pese
a que desde el Gobierno Nacional consideraron a los casos de inseguridad similares
a una “sensación térmica” y tal afirmación la realizó el entonces Jefe del
Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández.
Con el tiempo reconoció que había sido un “error”.
Claro
lo que nadie dice que entre el día que realizó tan nefasta declaración y al
momento de reconocer el “error”, cuántas
muertes, cuántos secuestros, cuántos asaltos a mano armada, cuántos arrebatos, cuánta droga se contrabandeó y cuánta se
vendió le costó en realidad al pueblo argentino.
Los
esfuerzos del gobierno nacional por demostrar al pueblo que en realidad lucha
contra los delincuentes, se contrasta con el texto del Anteproyecto de reforma
del Código Penal argentino que se presenta como un fiel representante de la doctrina abolicionista. Extraña tal
posicionamiento cuando es la propia Comisión Revisora, conformada por juristas
especializados, la que reconoce en conjunto, que del total de las ponencias receptadas,
el 28% se expresa a favor del aumento
de las penas. En la práctica, significa que dicha comisión recibió 129 propuestas pidiendo el aumento de penas.
Sin
embargo, lo que más extraña es la notable disparidad de criterios entre la sociedad
y los miembros de la comisión y que lleva a preguntarse ¿quién
está equivocado? Responder tal interrogante, es crucial porque el
Congreso debe definir el perfil del nuevo Código Penal, tarea que no es menor.
En
la página 19 del trabajo, sobre un total de 583 hojas, la comisión resume las
propuestas recibidas y la primera que salta a la vista y encabeza la lista están
los 43
pedidos de “Aumento y endurecimiento de las penas en general, penas más severas
y efectivas”. 14 son las propuestas de “Aumento de penas para
funcionarios públicos”; 11 ponencias de “Pena de muerte” y 7 referidas al “Aumento
de penas para el homicidio”, igual cantidad se receptaron pidiendo “Aumento
de penas para Accidente de Tránsito”. Del lado de las “reducciones” sólo se receptaron 12 pedidos. También
es notorio el ánimo que existe cuando se habla de bajar la edad de inimputabilidad.
En este último caso, 35 propuestas se inclinaron por la baja de la edad,
mientras que “por el mantenimiento de la
edad” sólo se receptaron 2 propuestas.
Queda
así demostrado cual es la sensación que existe dentro de la
sociedad en materia de inseguridad y cuál es el criterio
de un sector que en el “día de hoy” se encuentra muy distante de la
realidad argentina.
En
materia de tipificación de nuevos delitos se destacan aquellos pedidos
referidos a: piquetes, femicidio, conducir en estado de ebriedad, mobbing laboral infanticidio,
entre otras 30 propuestas
Es
el Estado Nacional el responsable de dar el perfil definitivo de la propuesta,
en la que no figurará la despenalización del aborto, por
un acuerdo de “mala política” entre
el Gobierno y el Vaticano.
Por cierto que este tema no finaliza en este
punto, sino que es el comienzo de una revisión del “Anteproyecto de Código Penal”.
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