SEGURIDAD, UN CUADRO DE SITUACION COMPLEJO

Seguridad” es concepto muy amplio, pero en la práctica de todos los días, tal término tiene una aplicación bien concreta que se reduce a dos ámbitos: el de las personas y la jurídica.

Pero en la medida que vayamos “desgranando” los componentes que influyen en ambos ámbitos, observaremos que todo tiene un mismo origen: el Estado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que finalizan en la figura del Estado?

La “seguridad” de las personas como de las cosas, depende en primera medida de una estructura denominada “Policía” y “Fuerzas de Seguridad”. La estructura jurídica se encuentra -en lo normativo-  concentrado en dos cuerpos esenciales: el Código Penal y el Código Procesal Penal. El primero rige en todo el país, mientras que el segundo ofrece una estructura desagregada porque cada Estado provincial tiene su propio Código Procesal. ¿Por qué? Porque los delitos comunes son juzgados en tribunales provinciales, mientras queda bajo la órbita del Estado nacional, los delitos federales.

Como su nombre lo indica, el Código Procesal en lo Penal dispone la forma de llevar a cabo las penas que impone el Código Penal. Además de esta aspecto, fija la “forma de administrar justicia” (si es que se me permite la expresión) que recae en el proceso propiamente dicho: fija la jurisdicción de un juez, vincula a las partes a un órgano jurisdiccional, abre el período de preparación del proceso, centrado en el aspecto investigativo. Lo que dice o establece el Código Penal, se aplica de acuerdo al Código Procesal Penal de cada provincia.

Este es uno de los aspectos que dejan abiertas varias ventanas por las cuales se puede fugar tanto el delincuente, como alivianar un condena. De por sí, el Código Penal sufrió una serie de modificaciones que apuntaban a reducir los tiempos de prescripción y hoy, un homicidio preterintencional prescribe a los ocho años de ocurrido. Esta reforma fue impulsada y aprobada durante la gestión de Néstor Kirchner.

     EL MANEJO POLITICO

Si el sistema de “seguridad” se debilita con la diferencia de criterios que existe a la hora de “administrar justicia”, recibe un golpe fuerte a la hora de armar la estructura tanto del “sistema policial y seguridad” como el referido a la “estructura judicial”.

En el armado de estas estructuras observamos la existencia de un criterio similar al ya comentado. Los gobiernos provinciales tienen su propia fuerza policial al igual que su cuerpo judicial y la Nación también tiene los suyos. Pero al momento de designar el personal a cubrir los cargos, prima el criterio de cada gobernador como el de los jueces, sin tener en cuenta la “especialización profesional” de cada postulado.

Es en el armado de estas dos estructuras donde se encuentran serias falencias que ponen en duda si existe o no seguridad jurídica. En el fuero penal, los ejemplos se multiplican. Veamos: Santiago del Estero: doble crimen de La Dársena o el caso Penco; Catamarca: caso de Soledad Morales; Tucumán: caso Marita Verón y el actual donde está investigado el hijo del gobernador; en Buenos Aires: el caso García Belsunce, el caso Candela, Un caso paradigmático es el crimen de una profesora de inglés –el caso ya prescribió y nadie de la causa queda vivo- de nombre Oriel Briant, el cual quedó impune porque burdos “errores técnicos” a la hora de confeccionar actas de relevamientos. Más recientemente, en el caso Candela, la presencia de un helicóptero en las cercanías del lugar donde se encontró el cuerpo de la nena, borró evidencia. Más atrás en el tiempo, en un country de Buenos Aires, en el caso García Belsunce el fiscal de la causa pidió a los 30 días de sucedido el crimen, la autopsia del cuerpo.

Tales falencias, que son muy serias, porque las designaciones de quienes deben cumplir funciones de seguridad, de investigación, no están debidamente capacitadas y mucho menos concientizadas de la importancia del rol que cumplen.

Amén a estos “defectos”, debemos sumar la voluntad política de un gobierno que, en parte, considera al delito como una consecuencia de la pobreza en que viven. Si bien es cierto, nunca se dijo el porcentaje de incidencia que tiene.

Mientras no se supere este cuadro de situación en el que pierde es el cuadro político triunfante de una elección, en la Argentina nunca habrá ni una justicia independiente, ni una policía profesional que garantice, a la población, un alto grado de seguridad.