El lanzamiento del PRO.CRE.AUTO fue una movida del Gobierno Nacional para paliar un poco el cuadro de complicaciones que comenzaba a mostrar la industria automotriz y de moto vehículos, se buscaba dar un golpe para que los índices no cerraran en negativo.
Los informes que llegaban desde los sectores, indicaban una merma en las ventas de unidades 0 km, una sensible baja en las operaciones en el sector usados y todo ello repercutió en una importante baja en el número de unidades patentadas. Un análisis más profundo indica que si se acota la salida de las unidades 0 km, se reduce la presencia de camiones lo cual significa un golpe directo complejo: se pierden puestos de trabajo directos como choferes, empleados administrativos, pago de peajes, se acota el consumo de combustible, se reduce la adquisición de repuestos, y por ende de los indirectos. En lo que hace a los números más finos, tales mermas repercutirán en una baja en la recaudación del IVA, de aportes patronales, de Ganancias y de patentamiento de todas las unidades comercializadas.
Pero tal movida del Gobierno Nacional tropezó y tropieza con el accionar de otros factores los cuales, si bien son indirectos, influyen en forma directa sobre el flujo del beneficio buscado. Me refiero a la caída de los salarios, caída de los puestos de trabajo, cuestiones que no necesitan de los datos del INDEC para saber si son ciertos o no.
Los bancos reportaron que se redujeron en 310 mil cuentas menos usadas en el pago de salarios; desde el sector se dio cuenta que hay 13 mil trabajadores suspendidos y comenzó un nuevo escenario laboral de igual complejidad. Todo este combo significó que las ventas de automóviles 0 km como usados, se desmoronen un 40%, según datos aportados por DEFA, Asociación de Fábricas de Automotores. Tanto para el Gobierno Nacional como para el sindicato, SMATA, se apuesta en un repunte del sector de la mano de Brasil y de las ventas impulsadas por el PRO.CRE.AUTO.
OTRO FACTOR SE SUMA
La complejidad propia del sector, es acompañado por una tercera complejidad, la que se refiere a la instrumentación del programa vía crédito que administra el Banco Nación. La entidad crediticia dejó en manos de su fuerza gerencial de sucursales el modo de viabilizar la política crediticia. Es así como en algunas sucursales, al jubilado se le solicita un garante con un ingreso mensual de 12 mil pesos como mínimo, más un seguro de vida a favor del banco y el estado de sus cuentas, para definir el grado de capacidad de pago de cada cliente.
A todos los jubilados el ANSES deposita los haberes en tiempo en la cuenta de cada persona, deducidos los descuentos de ley y las retenciones de acuerdo a convenio. Es el caso de la tarjeta ARGENTA y de otras entidades que operan con esta modalidad. Por lo tanto no hace falta el “garante”.
Paralelamente, se detecta un segundo factor: ¿Qué valor, le da el banco, a un ingreso por beca?
Existen algunos profesionales calificados que son incorporados bajo la modalidad de becas, pero que hacen aportes por obra social y si los montos percibidos superan el mínimo no imponible, de esos montos se retiene para el impuesto a las Ganancias, de acuerdo a las normas vigentes. En esta realidad se contrapone una serie de factores como el “ser considerados” para tributar impuestos, pero se los desconoce para acceder a un beneficio como un préstamo. Sin embargo, tal figura es considerada a la hora de analizar en el PRO.CRE.AR, que es una operatoria con el cuádruple de tiempo para cancelar el préstamo, y los montos prestados son 7 veces mayores.
Estas son las idas y vueltas de un contexto argentino y hasta tanto no pongamos blanco sobre negro no podremos vislumbrar una solución, por lo menos en este tema.
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